España figura por debajo del promedio de la Unión Europea en inversión en innovación en comparación con otros países. Incluso Portugal y Grecia nos superan en dinamismo de acuerdo con el informe European innovation progres 2006 de la Comisión Europea. Ocupamos el puesto 16 del ranking en la Europa de los 25. Para tratar de mejorar la situación en los presupuestos del Estado de los dos últimos años se ha decidido aumentar en un 25% anual las partidas de gasto en I+ D+ i. Los resultados se suponen positivos aunque de momento no se conoce su evaluación. Sin embargo, nunca he visto claro que una política sea mejor ni más importante sólo por gastar más dinero. La cuestión no es ésa, sino gastar bien. Es decir, que ese gasto persiga objetivos claros, esté bien dirigido y se pueda demostrar que se ha empleado con eficiencia. De lo contrario, se corre el peligro de que el gasto se destine a aumentar controles y burocracia, con más funcionarios dedicados al asunto, más formularios por rellenar en las solicitudes de subvención, más informes y más trámites. Un peligro que puede ser un lastre a la efectividad de los programas de investigación. Concretamente, la comisión sectorial de I+ D de la conferencia de rectores alerta sobre «el aumento, sin precedentes, de las trabas burocráticas en la gestión de la investigación» porque «está frenando la labor de los investigadores». Estos expertos pintan un panorama en el que «a pesar del fuerte incremento en los presupuestos de I+ D+ i, el malestar y el desánimo de los investigadores por la situación es creciente». El incremento de las partidas presupuestarias debería ir unido a políticas claras, sobre cuáles son los programas preferentes, cómo se coordinan y cómo se otorgan las ayudas. El informe citado evidencia que en España se ha optado por una variedad de programas que parecen una sopa de letras (Cenit, Torres Quevedo, Reindus, Neotec…), de gestión muy farragosa. Está demostrado que las universidades sí invierten más en I+ D, y sobre todo en investigación de base, pero no puede decirse lo mismo de las empresas, sobre todo si se compara con otros países. El gasto empresarial en este concepto es el 45% del promedio de la UE y el ratio de patentes está por debajo del 20%. Hasta el presente, no parece que los recursos públicos atraigan a las empresas. Las causas pueden ser varias: desde un contexto fiscal que no incentiva la solicitud de desgravaciones – por el temor a que vayan seguidas de inspecciones-, hasta el complejo papeleo, farragoso y disperso. Así, sólo pueden animarse las empresas que ya dispongan de potentes departamentos de I+ D, con capacidad de obtener información y atender tantos trámites. Por otra parte, la transferencia de tecnología entre universidades y empresas, si bien va en aumento, aún no es una forma habitual de relación, sobre todo en lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas de servicios porque seguramente falta un buen mecanismo de intermediación. Lo más importante es que la innovación sirva para mejorar la ventaja competitiva, para desarrollar procesos que abaraten costes y favorezcan la capacidad de anticipación. En definitiva, para llegar más lejos en el panorama internacional. Todos coincidimos en que el desarrollo del talento ha de ser uno de nuestros objetivos, pero todavía nos queda mucho camino que recorrer.