En el estado español, existen incentivos a las actividades de investigación desde 1984, año en que instauraron una serie de estímulos fiscales para las distintas actividades empresariales, algunos de los cuales aún subsisten, con la idea de favorecer la adopción de decisiones empresariales acordes con los objetivos de política económica. Una corriente de opinión, fundamentalmente dentro de la Agencia Tributaria, defiende que el establecimiento de estímulos fiscales tiene una eficacia escasa o nula. Se dice que las decisiones empresariales acaban tomándose por razones económicas y no por el ahorro fiscal que puedan generar. Este argumento parte de una contradicción terminológica: LAS RAZONES FISCALES SON TAMBIÉN RAZONES ECONÓMICAS. Si lo que quiere decirse es que las razones fiscales no son las únicas que influyen en las decisiones de inversión, compartimos plenamente la tesis, pero defender que el establecimiento de estímulos resulta inocuo en el nivel de inversión resulta incorrecto: numerosos estudios científicos avalan la correlación positiva entre fiscalidad e inversión. Sin embargo, siendo obvio que no solamente los incentivos fiscales inciden en las decisiones de inversión, encontramos estudios en los que se afirma que, en el ámbito de las políticas públicas, LAS MEDIDAS INDIRECTAS DE FOMENTO DE LA INVERSIÓN tienen también un papel relevante. Así por ejemplo, un estudio de Djankov y otros, de 2001, recoge datos sobre los COSTES BUROCRÝTICOS del establecimiento de empresas en distintos países… [… podeu trobar el document complert al PDF vinculat …]