‘Es fundamental llevar a cabo la reforma del modelo de financiación autonómica, pendiente desde 2014. Y más aún en el contexto de pandemia actual, que las comunidades autónomas necesitan poder gestionar servicios públicos esenciales’, sentenció Jesús Huerta.

Pero “una reforma, ¿para qué?‘, Se preguntó al inicio de su intervención Maite Vilalta. ‘Una reforma para seguir avanzando hacia la configuración de un modelo que haga compatible la autonomía tributaria de los gobiernos autonómicos con un principio de equidad, donde la soberanía fiscal no sea patrimonio del gobierno central, donde se nivelen parcialmente los recursos (haciendo efectivo un principio de equidad), donde se coordinen las decisiones en materia fiscal, donde se vele por la estabilidad de la hacienda de todos los gobiernos y donde se cumplan los pactos‘. ¿Pero quien quiere esta reforma? ‘Catalunya, durante años, ha jugado un papel proactivo, pero ahora no está’, se lamentó.

Durante su intervención, Francisco Pérez enumeró las tres causas por las que ‘los resultados de la aplicación del modelo de financiación de 2009 han sido entre pobres y malos’. 1- la incorporación, en la fase final de la negociación del diseño, de fondos que rompieron el elemento central de asumir una nivelación parcial que cubriera los gastos de servicios públicos fundamentales mediante el fondo de garantía; 2- la recentralización de recursos con la crisis; y 3- la falta de lealtad institucional en su gestión y aplicación.

‘El equilibrio fiscal se ha roto a favor del gobierno central‘, añadió Maite Vilalta. Pero a su vez, Diego Martínez afirmó que la pandemia había puesto de relieve la insuficiencia financiera de los servicios de salud de este país, por un lado. Pero por el otro, también había demostrado que era esencial poder contar con un estado central fuerte con el fin de acceder a los fondos europeos, al mercado mayorista de capital, etc., ‘y con capacidad de reacción relativamente rápida y contundente a efectos de una política fiscal de estabilización ‘. Estos son los dos brazos de la balanza que ‘me llevan a reconsiderar el equilibrio vertical entre diferentes niveles de gobierno‘, concluyó. 

En cuanto a la nivelación, Diego Martínez defendió, desde un punto de vista técnico, la eficiencia de una nivelación completo, siempre que se acompañe de medidas adicionales, como por ejemplo recaudaciones normativas de diseño y agencias tributarias implicadas con los incentivos muy bien alineados, para captar recursos sin costes de ineficiencia ni costes de incentivos perversos.

Por el contrario, Jesús Ruiz-Huerta defendió una nivelación parcial con el argumento de que ‘con la aplicación de una nivelación total, el margen de autonomía queda muy limitado y genera problemas de incentivos por parte de las comunidades autónomas, tanto por parte de las que ceden recursos como de las que reciben ‘.

La primera mesa redonda, titulada ‘El debate sobre la financiación autonómica hoy‘, contó con la participación de Antoni Castells, consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya entre 2003 y 2010; Andreu Mas-Colell, consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya desde 2010 hasta 2016; y Albert Castellanos, secretario general del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya. Moderó el acto Martí Parellada, presidente de la comisión de Economía de Amigos del País.

Castells comenzó su intervención denunciando que ‘la cuestión del soberanismo ha pasado por encima’ del debate sobre la financiación y, según él, si Catalunya no lidera la reforma del modelo -pendiente desde 2014-, no lo hará nadie. ‘Hace falta abordar dos cuestiones fundamentales: el aumento de la autonomía tributaria y el grado de nivelación, excesivo actualmente‘, afirmó.

Además, Antoni Castells añadió que el modelo de financiación está estrechamente ligado al modelo territorial del estado (radial o multipolar). ‘Si Washington fuera Nueva York, Estados Unidos no sería un país federal. Si Ottawa fuera Toronto, Canadá tampoco sería federal ‘.

Por su parte, el conseller Mas-Colell reivindicó la importancia de tener una Agencia Tributaria propia. ‘Debemos hacer lo posible para fortalecerla y ponerla al frente de cualquier negociación‘, añadió.

También, durante su intervención, denunció la poca transparencia del sistema de financiación actual, por un lado. Y por otro, alertó de los incentivos del gobierno español a desviar deuda hacia las Comunidades Autónomas para financiar proyectos, cuya competencia recae sobre Madrid. ‘Las Comunidades Autónomas deben tener capacidad de endeudamiento pero debe servir sólo para inversiones donde el gobierno central no tiene competencia‘.

En su turno, Albert Castellanos denunció que ‘ninguna de las reformas del sistema de financiación autonómica, dentro del régimen común, ha sido capaz de solucionar los problemas estructurales de la financiación de la Generalitat‘.

Las causas son, según el secretario general de Vicepresidencia y Economía, la falta de responsabilidad fiscal por parte del gobierno español; el desequilibrio horizontal que genera la opacidad del proceso de nivelación; y el desequilibrio vertical, que provoca que el aumento del gasto atendido por parte de Cataluña no haya ido acompañado de un incremento de los ingresos. Este hecho se debe a cambios normativos que no estaban contemplados en un inicio y que dotan de arbitrariedad el modelo de financiación. En este sentido, Albert Castellanos concluyó que ‘hay que abordar un cambio de paradigma para alcanzar la plena soberanía fiscal‘.

Preguntados sobre una posible ley de armonización, los tres participantes estuvieron de acuerdo en que un exceso de competencia fiscal es perjudicial para Cataluña. Pero hay que encontrar soluciones que lesionen el mínimo la autonomía fiscal.

En este sentido, Antoni Castells explicó que Estados Unidos solucionó este problema, a principios de los años 20 del siglo pasado, fijando un tipo mínimo del 12% sobre sucesiones y anunciaron la deducción del 100% de los impuestos estatales sobre el impuesto federal. Andreu Mas-Colell, en esta línea, añadió que también sería partidario de una ley de desconcentración para hacer frente a la competencia desleal de Madrid, que concentra todas las instituciones del Estado.